¿Has oído hablar de la incapacitación judicial en personas mayores? ¿No sabes bien en qué consiste o cómo se puede solicitar? A continuación, te acercamos todos los detalles que debes tener en cuenta al respecto.
Incapacitación judicial de personas mayores: en qué consiste
Pues bien, la incapacitación judicial de personas mayores es una medida judicial. Se adopta con el objetivo de velar por el bienestar de los ancianos. También busca su seguridad económica. Todo esto se aplica a aquellos que no son autónomos y necesitan ayuda. Es una medida que sirve para reducir drásticamente el riesgo de estafas y abusos.
En realidad, la incapacidad como tal, fue suprimida por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta reforma eliminó la incapacitación judicial, sustituyéndola por apoyos para personas con discapacidad. Pues la Ley considera que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.
La idea central del nuevo sistema es la de que las personas con discapacidad tienen derecho a la toma de sus propias decisiones. Este derecho ha de ser respetado. Se podrá dar apoyo a la persona que lo precise, pero no sustituirla por un tutor. Sólo en situaciones donde el apoyo no pueda darse de otro modo, este apoyo puede concretarse en la representación del discapaz para la toma de decisiones.
Medidas previstas en la incapacitación judicial de personas mayores
Son tres las medidas judiciales que se adoptan en estos casos. Por un lado la llamada guarda de hecho. Se trata de una medida informal que se suele dar cuando aún no han llegado las medidas judiciales. Recoge el caso de las personas que dan protección de facto a personas mayores. La guarda de hecho puede recogerse en un acta notarial de notoriedad. Es algo que se hace de manera voluntaria. Para representar a la persona mayor de manera oficial se requerirá una autorización judicial o un poder notarial.
Por otro lado, se encuentra la curatela. Esta medida sí cuenta con carácter formal, y es aplicada por el juez a las personas mayores que necesitan apoyo continuado. De este modo, será también el juez el que defina ante qué actos concretos el curador podrá representar a la persona con incapacitación judicial. Todo ello estableciendo medidas para rendir cuentas de lo realizado en todo momento.
La tercera de las opciones es la del defensor judicial. Se trata de una medida de apoyo que se puede dar ocasionalmente, ante necesidades concretas que pueda tener la persona incapaz. Por ejemplo, el defensor judicial podrá actuar ante casos de conflictos de intereses, ante retrasos en la tramitación del curador, etc.
Cómo incapacitar legalmente a una persona mayor
En cuando al procedimiento que permitirá reconocer de forma legal la incapacidad de una persona mayor decir que parte de una solicitud. Dicha petición la podrá hacer la propia persona, un familiar o el Ministerio Fiscal, entre otros. Para ello se deberán aportar las pruebas necesarias que permitan acreditar el riesgo real que puede tener la persona mayor respecto a su integridad o la preservación de su patrimonio.
En cualquier caso se necesitará el DNI de la persona, el certificado de nacimiento y de empadronamiento. Informes técnicos, médicos, psicológicos o sociales que permitan demostrar que existe una incapacidad. También será necesaria la relación de bienes e ingresos de la persona a la que se pide la incapacidad.
Por otro lado, también se tendrán que aportar los datos personales de la persona que se propone como curador. Tras aportar toda la documentación, el juez emitirá su sentencia, y una vez se comunica a los interesados, el proceso concluye.
