En el código penal están recogidos una serie de delitos contra el orden público. A continuación, detallamos cuáles son y en qué consisten.
A qué se considera delitos contra el orden público
Los delitos de orden público son las conductas que tienen como consecuencia directa la alteración del orden público y la paz social. Su fundamento está basado en el respeto a la dignidad de la persona y los derechos inviolables que son inherentes.
Cuáles son los delitos contra el orden público
De este modo, los llamados quebrantamientos legales contra el orden público son los siguientes.
Atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad
Respecto al delito de atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad, decir que se recoge en el artículo 550 del Código Penal. Viene aparejado de penas de entre 3 y 6 años de prisión. Así como de multas de 6 a 24 meses. Incurrirán en este delito aquellos que desobedezcan gravemente a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos. Hay que recordar que para que esta pena se aplique, se debe haber una agresión, o actuar con violencia o intimidación grave (p. ej.: apuntar con un arma). Si la desobediencia a los agentes fuera leve, a partir de la reforma de la Ley Orgánica 1/2015 esta conducta quedó destipificada penalmente, para considerarse un supuesto de infracción administrativa (la llamada la Ley Mordaza), pero penalmente los hechos serían atípicos. Antes de esta reforma estos hechos se consideraban una falta de desobediencia leve del artículo 634 del Código Penal.
Resistencia o desobediencia grave
El Artículo 556 del Código Penal castigados a los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En este quebrantamiento de la ley, el sujeto pasivo es la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones. Pero en ningún caso los funcionarios públicos. Para que se produzca, previamente, ha de existir una orden directa de la autoridad o de sus agentes realizada conforme a la ley. El particular ha de negarse a cumplir el mandato en cuestión. Se trataría de una resistencia activa no grave y la resistencia pasiva grave que consistan en alguna manifestación de violencia o intimidación de tono moderado y características más bien defensivas y neutralizadoras. Un ejemplo típico sería un forcejeo del sujeto con los agentes de la autoridad. Está castigado con pena de prisión de seis meses a un año o el pago de una sanción.
Delito de desórdenes públicos
Los delitos de desórdenes públicos abarcan una cantidad importante de conductas, entre las que comentamos las más relevantes:
El artículo 557.1 del Código Penal trata el delito de atentado contra la paz pública y/o alteración del orden público. Se establece una pena de prisión de seis meses a tres años para aquellos que actúen en grupo con el propósito de afectar la paz pública mediante actos de violencia o intimidación, o mediante la obstrucción de vías públicas o invasión de instalaciones que pongan en riesgo la vida o la salud de las personas.
Además, son agravantes portar de armas y realizar actos de pillaje, los cuales conllevan penas más severas. Se establece también que ciertas conductas serán castigadas en un grado superior, así como la provocación de avalanchas u estampidas en lugares concurridos, poniendo en riesgo la vida o la salud de las personas. Además, hay que recordar que a las penas antes mencionadas se añadirán las que correspondan a los actos concretos de lesiones, amenazas, coacciones o daños que se hubieran podido llevar a cabo.
Invasión de domicilios de empresas
Por otro lado, la nueva regulación del artículo 557 bis castiga a los que actuando en grupo, invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal. A estos actos les corresponde una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses. Este delito se incorporó para reprimir las protestas en el interior de sedes bancarias.
Alteración del orden en actos públicos
Y el artículo 558 del Código Penal castiga con pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses, a los que perturben gravemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado. También en los actos públicos de cualquier autoridad o corporación como Ayuntamientos, en un colegio electoral, u oficinas o establecimientos públicos y en Centros docentes. Y también incluye a los espectáculos deportivos o culturales. En estos casos se podrá imponer también la pena de privación de acudir a los lugares, eventos o espectáculos de la misma naturaleza por un tiempo superior hasta tres años a la pena de prisión impuesta.
Falsos avisos de bomba
Por último, las llamadas “amenazas de bomba” (falsas) están incluidas en el artículo 561 que dispone lo siguiente: “quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses“.
Delitos contra el orden público: tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos
Este delito viene regulado por el artículo 563 del Código Penal. Aquí se recoge desde la tenencia de armas prohibidas, a la tenencia de armas sin licencia o sin permisos. Está penado, además, el depósito de armas no autorizadas y la posesión de aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes.
Delitos de terrorismo
Aquí se enmarca tanto la pertenencia a un grupo terrorista como los actos de terrorismo. También la financiación a bandas terroristas, el delito de adoctrinamiento, hacer apología, etc. Viene aparejado de penas de 20 a 25 años si se incurre en secuestro o detención ilegal. Si el resultado es la muerte de una persona, se penará con prisión por el tiempo máximo que esté previsto en el Código Penal.
Si has incurrido en alguno de estos delitos, necesitas ayuda de un abogado profesional y experimentado. Las penas que se asocian pueden ser elevadas y es fundamental contar con una buena defensa.
