Duraciones de las diferentes penas a un menor de edad
En cuanto a las diferentes penas que se pueden imponer a un menor de edad hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Por un lado, la edad del menor; por otra parte, también se tendrán en consideración sus circunstancias personales y la gravedad de los hechos cometidos. Estos tres aspectos serán los que determinen la duración de la pena máxima a la que pueda ser sometido.
En el caso de los menores de 16 años, la pena máxima será de 2 años o 100 horas en actividades para la comunidad. Para los menores que tengan más de 16 años tendrán la misma pena, salvo que el delito cometido cuente con componentes relativos a la violencia o intimidación o haya supuesto un grave riesgo para las víctimas. En estos casos se podrá internar y someter a medidas complementarias durante dos años más.
Por tanto, según el Artículo 9.3 de la Ley Orgánica de la responsabilidad penal de los menores, la duración máxima de la pena no podrá ser superior a dos años y los servicios a la comunidad no podrán superar las 100 horas.
¿Cómo son las penas a menores en España?
Se ha de tener en cuenta que las penas en España cuentan con un objetivo de prevención y educativo. Las penas que estén asociadas a una responsabilidad penal del menor se medirán en función de su gravedad. Y en función de ello habrá que aplicar medidas que puedan ser privativas de la libertad o no. Entre ellas se encuentran las amonestaciones, la inhabilitación de licencias, las tareas en beneficio para la comunidad, diferentes tareas socioeducativas, un proceso de inhabilitación total, la asistencia a centros de tratamiento ambulatorio, internamiento, etc.
Responsabilidad penal en el caso de los menores extranjeros
En cuanto a la responsabilidad penal de los menores extranjeros que estén en España lo primero que habrá que hacer es identificarlo y ver cuál es su edad. Una vez se comprueba que es un menor y que cuenta con residencia en otro país o se ha solicitado tal, habrá que informar al consulado que corresponda. En el caso de que se llegue a un procedimiento de enjuiciamiento en España se asignará traductor oficial y se seguirán las directrices dispuestas según las directivas de la Ley Orgánica para menores. Si de ello resulta una pena superior a un año será motivo para la expulsión del país.
